El presidente de Nuevas Generaciones de Andalucía, Kike Rodríguez, ha denunciado hoy “la inacción de la Junta en materia de Juventud no sólo en el Ayuntamiento de Málaga, sino con el grueso de los municipios malagueños y andaluces”.
Así lo ha expuesto junto a la presidenta provincial de la formación juvenil, Loli Caetano, y la concejala de Juventud en el Consistorio malagueño, Elisa Pérez de Siles, criticando que “el Gobierno andaluz lleva más de ocho años sin invertir en equipamientos para jóvenes, tras suprimir en 2010 las ayudas para la adecuación, mejora y creación de nuevos equipamientos e infraestructuras para este colectivo, dejando solas a las entidades locales, que hacen un esfuerzo cada vez mayor por suplir este vacío competencial del gobierno socialista de Susana Díaz”.De este modo, Pérez de Siles ha advertido de que “el Ayuntamiento de Málaga destina 145 veces más a políticas de Juventud que la propia Junta, con un presupuesto íntegro de 874.000 euros, frente a una subvención del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) de apenas 6.030 euros”, ha informado, alertando de que “esto se traduce en que el Gobierno andaluz, pese a ser su competencia directa, apenas destina tres céntimos a cada joven malagueño”.
Ante esta situación, la edil popular se ha sumado a la petición de NNGG para que “se retire una Ley de Juventud que está vacía y que se dialogue con los ayuntamientos para garantizar la financiación a los municipios”, ha expresado, abundando que “el peso recae prácticamente en su totalidad sobre las entidades locales, a las que ni siquiera se les reconoce este esfuerzo”.
En este sentido, el presidente regional de Nuevas Generaciones ha explicado que “la Administración autonómica dispuso en 2010 una partida de más de 2,6 millones de euros que ya no existe”, cuestionando “dónde está ese dinero y todo lo que la Junta ha recortado en esta materia en los últimos años”, alegando que “el presupuesto para Juventud en 2018 asciende a 20,2 millones de euros, casi la mitad de los 39,4 millones destinados en el año 2011”, calificando estas cuentas del Instituto Andaluz de la Juventud como “las más antimunicipalistas”.
Rodríguez, que ha reprochado a la Administración autonómica que “haya recortado hasta en un 80% los recursos destinados a políticas de Juventud”, ha destacado que “el PP ha presentado una enmienda a la totalidad para la devolución del proyecto de Ley de Juventud por considerar que no incluye medidas concretas, sino que se limita a recoger las políticas ineficaces y, por tanto, pretende elevar a rango de ley sus políticas fallidas”, ha insistido.
La realidad es, ha continuado, que “la tasa de paro juvenil es del 48% y que el 80% de los jóvenes no pueden emanciparse porque carecen de recursos”, reclamando “políticas destinadas a empleo y vivienda principalmente, una ley de financiación adecuada con los ayuntamientos y establecer una carta de servicios y programas al servicio de los jóvenes”, ha explicado.
Mociones en los ayuntamientos
Por su parte, Caetano ha hecho hincapié en que “estas mociones impulsadas desde NNGG Andalucía para que la Junta reconozca la competencia de los ayuntamientos en materia de Juventud se está trasladando a todos los consistorios de la provincia”, advirtiendo de que “este vacío competencial se aplica en todos los municipios y, además, esta ley no plasma medidas concretas para atender las necesidades de los jóvenes malagueños”.
En esta línea, Pérez de Siles ha resaltado que, “con esta moción, que defenderemos en el pleno del próximo jueves en el Consistorio malagueño, pretendemos instar a la Junta a reconocer expresamente las competencias desarrolladas por los ayuntamientos, además de reclamarle mayor participación en la planificación de las políticas de Juventud y autonomía en materia de empleo joven y vivienda”.
Asimismo, ha indicado que “le exigimos igualmente que, dentro de su competencia, preste servicios de información, formación, dinamización, asesoramiento, orientación y actividades de ocio joven de acuerdo con las necesidades del municipio”.
Por último, la edil popular ha informado de que, en este marco, “pediremos a la Administración autonómica que facilite la implicación de las entidades locales en los órganos de participación juvenil propio de su ámbito territorial y que garantice por ley el apoyo técnico y económico suficiente para cumplir con las competencias que desarrollan los ayuntamientos, como el de Málaga”, ha concluido.